El Ayuntamiento de Palma de Mallorca se convertirá el próximo mes de mayo en el primero de España en demandar a varias compañías de telefonía móvil ante el Juzgado Civil al considerarlas "nulas de pleno derecho" al "vulnerar los derechos de los consumidores". Movistar, Vodafone, Euskaltel, Yoigo, Racc Móvil y Más Móvil están en el punto de mira por cláusulas abusivas. Orange y Carrefour Móvil podrían entrar en la lista a última hora . En el caso de Pepephone, la OMV del grupo Globalia figura entre las dos únicas compañías contra las que el Consistorio no interpondrá ninguna denuncia ante los tribunales. Pepephone y Simyo se han comprometido a eliminar y subsanar el 95% de las cláusulas "abusivas", mientras que el 5% restante será discutido con el Ayuntamiento, a través de reuniones bilaterales.
Así informó en conferencia de prensa hace unos días la regidora de Consumo, Joana Maria Borràs, quien explicó que a comienzos de este mes, el Instituto Municipal de Protección del Consumidor remitió una carta a las citadas compañías instándoles a que retirasen las cláusulas de permanencia; la imposición de plazos de preaviso para la extinción del contrato, advirtiéndoles además ante la falta de información sobre los datos del operador. Asimismo, se les exigió que pusiesen fin a su facultad de inclusión de los clientes en ficheros de 'solvencia patrimonial' o 'morosos'; la caducidad de las tarjetas prepago y la pérdida del saldo de las mismas, mientras que también se les solicitó que depositaran los contratos en el Registro General Mercantil, teniendo en cuenta que sólo Orange lo hace. Borràs ha detallado que el Consistorio dio un plazo de diez días a las compañías para que contestaran a estos requerimientos, tal como han hecho todas ellas, a excepción de Movistar y Euskaltel, razón por la cual, el Consistorio ya ha decidido denunciar directamente a ambas ante los tribunales ante su falta de respuesta. En este sentido, el gerente del Instituto Municipal de Protección del Consumidor, Xabier Pascuet, explicó que las denuncias ante los tribunales se fundamenta en que los contratos de la mayoría de compañías de teléfono móvil no se ajustan a la legalidad vigente, como la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Baleares. Fuente: EP.
